Grupos narcotraficantes ofrecen cese al fuego para negociar con gobierno Petro

A través de una carta firmada por antiguos bloques de las autodefensas, pero también por grupos narcotraficantes emergentes, dichas organizaciones ofrecieron al gobierno de Gustavo Petro un “cese al fuego contra la institucionalidad” a cambio de una salida negociada en busca de la paz.

De acuerdo con la carta, el cese al fuego comenzaría el 7 de agosto, día en el quese posesionará el gobierno de Petro . Entre los firmantes aparecen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el boque Virgilio Peralta (Caparros), los Rastrojos, los Shottas (Buenaventura), La Inmaculada (Tuluá) y los Mexicanos de Quibdó.

La masiva también está respaldada por una larga lista de diferentes bloques y frentes de las antiguas AUC.

Entre las condiciones que plantean estos grupos paramilitares y narcotraficantes es que “en lo posible” nadie vaya a la cárcel, porque las consideran como una “universidad del crimen”, que no cumplen con el objetivo de la resocialización.

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También consideran que “no se puede seguir cercenando la verdad” con la extradición. Dicen en la carta que únicamente deberían ser extraditadas aquellas personas que le falten a la verdad, al perdón, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

“Extraditar personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas”, dice puntualmente en la carta, en la que expresan además que la extradición es un reconocimiento por parte del Estado de que es incapaz de resolver sus propios problemas.

La carta se conoce justo después de que el nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, planteara la posibilidad de dar una nueva oportunidad a las “bandas” en el discurso de posesión de una bancada de gobierno que tendrá pocas trabas en el Senado y en la Cámara de Representantes.

La carta también se da en medio de una ofensiva de estas bandas criminales contra integrantes de la fuerza pública en diferentes zonas del país, especialmente en Antioquia, Córdoba y Bolívar, donde hay de por medio un “plan pistola” en el que al parecer se ofrecen 20 millones de pesos por policía o militar muerto.

El ministro de Defensa, Diego Molano, ha planteado que esta ofensiva contra la fuerza pública tiene como propósito ganar estatus político, pensando en una negociación en la que eventualmente los principales cabecillas de estas bandas podrían salir limpios y sin pagar cárcel.

El presidente electo Gustavo Petro ya planteó la posibilidad de proponer un cese bilateral del fuego a los grupos armados ilegales para facilitar un proceso de negociación.

Por su parte, el abogado Daniel Prado, a quien también fue dirigida la carta, explicó en Mañanas Blu que uno de los primeros en ponerse en contacto para hacer esta propuesta fue Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’ y quien actualmente paga una condena en la cárcel. Sin embargo, aclaró que no se ha puesto en contacto con “ningún grupo” ilegal.

"No he hablado con ellos, yo hablé con ese señor que me contactó, pero no con ninguna otra persona ni grupos. No tengo vocería ni nada de eso (…) Me preguntó qué pesaba sobre el proceso de paz”.

Sobre dicha masiva y lo que esperan estos grupos con el gobierno Petro, Prado mencionó que “están contemplando la posibilidad de ser escuchados” y, así, contar “verdades” que no se han dicho hasta ahora.