La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por las Farc durante el conflicto armado.
En una extensa comunicación de 33 páginas, el director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, argumentó las razones por las cuales esa jurisdicción está llamada a iniciar un macroproceso encaminado a la sanción de los graves delitos ambientales que cometieron las Farc antes del primero de diciembre de 2016. En dicho documento también se examina la dimensión prospectiva que tiene la causa y se presenta información relevante sobre el daño ambiental ocasionado por las Farc en el marco del conflicto armado.
En la petición a la JEP, la Agencia explica que las Farc perpetraron durante muchos años y, “de manera sistemática, atentados terroristas que afectaron gravemente el medio ambiente, ataques contra la infraestructura petrolera que produjeron enormes derrames de crudo, atentados con cilindros de gas que causaron grave daño ambiental, actuaron de la mano del narcotráfico siendo cómplices de la deforestación sistemática, protegieron los laboratorios de procesamiento de drogas participando directa o indirectamente en el vertimiento de miles de toneladas de insumos químicos sólidos y millones de litros de químicos vertidos en los ríos y, además, participaron en el negocio del narcotráfico de manera directa por lo que evidentemente son responsables del grave deterioro ambiental que ese fenómeno delincuencial causó y sigue causando al medio ambiente”.
Agrega la comunicación que este tipo de atentados están proscritos por el Derecho Internacional Humanitario y son considerados “crímenes de guerra”, y por lo tanto no pueden ser materia de amnistía o indulto.
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En la comunicación, el director de la Agencia Jurídica, Camilo Gómez, advierte que este tipo de atentados contra el medio ambiente también fueron objeto de análisis por parte de la Corte Penal Internacional, por lo que es necesario que se haga un estudio juicioso del daño que causaron las Farc en este sentido.
“La CPI es clara en indicar que se trata de conductas que deben ser materia de persecución y castigo, inicialmente por las autoridades judiciales nacionales, aunque siempre con el apoyo y acompañamiento -e incluso, con la competencia residual- de ese tribunal universal”, concluyó el oficio.
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