La JEP imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe por más de 100 casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia entre 2002 y 2003, cuando comandó la cuarta brigada, con sede en Medellín .
"En la brigada cuarta, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados del Ejército", señaló la JEP.
En horas recientes, el excomandante del Ejército le solicitó a la JEP la nulidad de esta imputación.
“Con fundamento en lo expuesto solicito a los honorables magistrados de la Srvr de la Jurisdicción Especial para la Paz de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 306 de la Ley 600 de 2000 decretar la Nulidad del auto SUB D – subcaso Antioquia– 062 del 30 de agosto de 2023, y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la imputación efectuada al señor General Mario Montoya Uribe”, señaló su defensa.
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El general Montoya asegura que se le vulneró el derecho a la defensa.
“El 30 de agosto de 2023 se profirió por parte de la SRVR el Auto que hoy es objeto de solicitud de nulidad, sin que previamente se le corriera traslado ni al Compareciente General (RA) Mario Montoya Uribe ni a su representante judicial las observaciones que por escrito hubiesen presentado la representación de víctimas o el Ministerio Público como ha ocurrido en otros autos de determinación de hechos y conductas dentro de los Sub-casos costa Caribe, Casanare y Santander”, señala Montoya.
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En el mismo sentido, explica que hubo una indebida formulación de la imputación:
“Considera esta defensa que la formulación de una imputación no debe obedecer a un simple capricho, sino con la suficientes bases legales y constitucionales como garantía al debido proceso; de manera que hasta este punto, ha quedado en evidencia que estas incongruencias e inconsistencias en que ha incurrido la sala, ya por sí mismas generan un defecto sustancial en la providencia judicial de cara a los presupuestos necesarios en aras al control de legalidad sobre la decisión cuya ambigüedad, además de viciar el consentimiento de cara a una posible aceptación o no de responsabilidad, a todas luces constituye una violación de las garantías judiciales del general Mario Montoya Uribe”, explica su defensa.
En el mismo sentido, la defensa ha determinado que en algunos casos la JEP ha sacado conclusiones de algunas pruebas que realmente no estarían determinado lo que buscan probar los magistrados, con el objetivo de probar que Montoya presionaba por resultados operacionales en términos de bajas y privilegio las muertes sobre cualquier otro resultado operacional.
“Si sumamos las desmovilizaciones más las capturas, se obtiene un total de 1.655 frente a los 675 de los resultados operacionales muertes en combate, a los que la sala denomina “bajas”, es decir, que del total de resultados operacionales el 71.0 3 % equivalieron a resultados operacionales diferentes a muertes en combate que representaron el 28.90 %.
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De tal manera que, si la política del comandante de la cuarta brigada era “privilegiar las bajas en combate” sobre cualquier otro resultado operacional, el resultado obvio esperado es que estas últimas sobrepasaran por mucho los otros resultados operacionales”, explica la defensa.
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