La Fiscalía informó que Luis González, delegado para la seguridad ciudadana y quien dirige la investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, interpondrá una tutela ante la decisión del juez del circuito de Funza de declarar ilegales las pruebas que se recaudaron en la finca de la familia ubicada en Subachoque, Cundinamarca.
“Interpondrá una tutela ante la decisión de un juez de considerar como allanamiento la actividad realizada en la propiedad del sr. Pizano, para investigar lo sucedido. Para el ente investigador esos hechos se enmarcan dentro de los procesos de inspección reglamentados en el artículo 213 la ley 906 y no se trató de un allanamiento. Además, las evidencias fueron entregadas voluntariamente por los interesados”, dice la comunicación.
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En otras palabras, la Fiscalía insiste en que no se trató de un allanamiento si no una inspección y que lo recaudado fue dado voluntariamente por la familia Pizano aunque en las actas de recaudo sólo aparece un celular y se llevaron también una tablet, un disco duro y el tarro con cianuro.
La Fiscalía busca que el tema tenga una "unificación de jurisprudencial y de ser posible llegue hasta la Corte Constitucional". Es decir, que si el tribunal de Cundinamarca no les da la razón, impugnan la tutela y ese recurso pasaría a la Corte Suprema de Justicia, sala penal. Si finalmente no les da la razón, según la comunicación de la Fiscalía, pedirían revisión final a la Corte Constitucional.
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