La vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, aseguró que es hora de que el país haga un gran debate nacional para atender las inquietudes sobre la interrupción del embarazo, así como una campaña de educación que prevenga estás prácticas.
"Las mujeres acuden a prácticas riesgosas para poder ejercer un derecho que les es propio, se necesita una gran campaña de educación para que las niñas conozcan hasta donde llega su derecho y a partir de qué momento se vuelve conducta reprochable desde la perspectiva judicial", resaltó.
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Según Riveros, este es un delito en el que hay un alto índice de criminalidad oculta, en el que no sólo la madre debe responder por realizar esta práctica que pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres, sino también la persona que realiza la interrupción del embarazo.
"Entre los años 2004 a 2018 la Fiscalía ha recibido 4.500 denuncias de abortos ilegales, una cifra que comparada con otros delitos no es tan alta en el país, siendo en la mayoría de casos señaladas las mujeres”, explicó.
“En la mayoría de casos hay archivos por el delito de aborto, muy pocos en juicio, cerca de 45 y muy pocas sentencias", agregó.
Finalmente, Riveros señaló que los casos que han sido penalizados se han dado tras comprobar que las mujeres abortaron cuando no cumplían las tres causales que la ley permite, sin embargo, enfatizó en que este es un delito muy difícil de probar.
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