La fiscal del caso solicitó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que envíe tras las rejas al contralor Juan Carlos Granados. La razón: que en libertad podría obstruir el proceso por el cargo de poder y sus altas conexiones.
“Acceder a la información que emane y/o conozcan estas personas en virtud de labores investigativas que pretenda desplegar la Fiscalía. Incluso, la facultad de incidir en sus subordinados en razón al ejercicio del cargo, pues claramente estas personas han estado a su servicio”, dijo la delegada de la Fiscalía.
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Por su parte, el abogado de Granados, Dario Bazzani, cuestionó los cargos que le imputa la Fiscalía porque asegura que los contratos por los que se habría interesado indebidamente Odebrecht no se los adjudicaron.
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“Este es un caso de manipulación en contratación estatal donde no hubo contratación estatal, entonces no deja de ser extraño”, dijo.
La Fiscalía lo acusa de dos hechos puntuales. El primero en el 2011 cuando la multinacional le dio a Granados 200 millones de pesos para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá a través del exsenador Plinio Olano.
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A cambio, supuestamente, el hoy contralor se habría comprometido a otorgarles el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama-Charalá-San Gil.
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Y aunque no se le entregó la obra a la multinacional porque esta consideró que no era viable financieramente, se comprometieron con otro negocio.
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Y aquí entra el segundo supuesto negocio.
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Dice la Fiscalía que, posteriormente, hubo una reunión en el apartamento de Granados en Bogotá, en la que participaron Plinio Olano, Federico Gaviria, Eleuberto Martorelli y el exdirector de la CAR Alfred Ballesteros.
La cita la hicieron buscando favorecer a la multinacional en la precalificación para que, posteriormente, se presentara y ganara la licitación para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre.
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El compromiso de Granados fue apoyar dicha precalificación y entonces Odebrecht se comprometía a entregar un 3 % del valor total del proyecto a los servidores públicos dentro de los que estaba el funcionario.
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Sin embargo, estalló el escándalo de la multinacional y la CAR no le adjudicó el contrato.
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