El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de un juez de Extinción de Dominio que ordenaba a la Fiscalía devolver bienes incautados al exnarcotraficante Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’. La medida había sido solicitada tras declararse ilegal la incautación en un proceso penal. Sin embargo, el tribunal argumentó que el ente acusador tiene facultades para mantener estos bienes bajo su control mientras se investiga su origen y procedencia en el ámbito de extinción de dominio.
Según el tribunal, aunque el fallo en el proceso penal ordenaba la devolución de los bienes, esto no limita la actuación de la Fiscalía en su labor de extinción de dominio. La sala argumentó que ambos procedimientos son independientes y que la incautación sigue siendo válida para determinar si los bienes tienen un origen lícito o si están vinculados a actividades criminales.
La decisión aclara que “la ilegalidad de las cautelas impuestas por la Fiscalía” no tiene fundamento en este contexto, ya que la medida no se basó en pruebas obtenidas de forma ilícita.
“La determinación del juez de Control de Garantías no constituía un impedimento para iniciar la investigación de extinción de dominio”, señala el fallo del tribunal, dejando claro que el control de estos bienes por parte de la Fiscalía es legítimo dentro del marco de este proceso civil.
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Entre los bienes incautados a alias ‘Pipe Montoya’ estaban diez lingotes de oro, una colección de 69 relojes Rolex y más de 200 millones de pesos en efectivo. Al ser transferidos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), estos bienes desaparecieron o fueron reemplazados, desatando un escándalo que actualmente implica a exfiscales de extinción de dominio, miembros de la Dijin y funcionarios de la SAE en posibles irregularidades y delitos relacionados con la pérdida de bienes bajo custodia estatal.
Durante la investigación, surgió que los lingotes de oro no eran reales, sino simples latas pintadas de dorado, mientras que los relojes Rolex resultaron ser réplicas. La falta de autenticidad de estos bienes ha generado mayor controversia, y se investiga cómo se realizó su custodia. Aparentemente, no se realizaron los trámites correspondientes para autenticar los bienes ni se constituyeron los títulos de custodia judicial ante el Banco de la República, lo que ha dejado expuestas varias fallas en el manejo de bienes incautados.
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Este caso destaca las complejidades y desafíos en el manejo de activos incautados y en la coordinación entre entidades, dejando abierta la investigación para esclarecer las posibles irregularidades y determinar responsabilidades.