La Fiscalía General de la Nación ha decidido llevar a juicio al exsenador y asesor presidencial Armando Benedetti, acusado del delito de injuria agravada por los mensajes publicados en su cuenta de X (antes Twitter) contra Lina María Arbeláez, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los hechos ocurrieron durante 2022, cuando Benedetti señaló a la funcionaria de corrupción y robo en reiteradas ocasiones.
En una audiencia virtual celebrada este miércoles, Benedetti, quien también fue embajador de Colombia en Venezuela, negó las acusaciones y no aceptó los cargos. La Fiscalía destacó que las publicaciones del excongresista, realizadas entre abril y agosto del año pasado, afectaron la honra y dignidad de Arbeláez, quien lideraba el ICBF durante el Gobierno de Iván Duque.
En uno de los trinos, fechado el 23 de abril de 2022, Benedetti afirmó: “Esa directora del ICBF es un desastre y sospechosa de cualquier robo”. Tres meses después, reforzó sus acusaciones al escribir: “En el ICBF es donde más voraz ha sido y es la corrupción. Desde hace dos años he venido probando cómo Lina Arbeláez está saqueando la entidad. Espero demanda por calumnia e injuria para acelerar las investigaciones”.
El 4 de agosto de 2022, Benedetti publicó un mensaje en el que cuestionó la gestión de Arbeláez y acusó fallas graves en el programa de alimentación escolar (PAE). En otro mensaje, fechado a finales de ese mismo mes, señaló: “El ICBF fue robado por la anterior directora. Lo vengo denunciando desde hace más de dos años. Hoy, gracias al Pacto Histórico, se sabe toda la verdad”.
La Fiscalía presentó un escrito de acusación de 12 páginas, donde detalla los cuatro trinos que, según el ente acusador, atentaron contra el buen nombre de Arbeláez. El caso será asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y en los próximos días se definirán las fechas de las audiencias preparatorias de juicio.
Benedetti, quien tiene cerca de 560.000 seguidores en X, deberá enfrentar ahora un proceso judicial que busca esclarecer si sus publicaciones cruzaron el límite entre la libertad de expresión y la afectación a la reputación de una funcionaria pública.
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