La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación relacionada con una denuncia por prevaricato contra siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022. La denuncia, presentada por John Jairo Turizo Hernández, argumenta que estos magistrados habrían excedido su competencia, ya que cualquier investigación sobre un presidente en funciones corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El caso involucra a los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y Alfonso Campo, autores de la ponencia que dio lugar a la apertura de la investigación, así como a los magistrados Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y César Lorduy, quienes apoyaron la decisión con aclaraciones en sus votos. Los magistrados Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, que salvaron su voto, no son objeto de la denuncia.
La investigación se enfoca en la posible violación de los topes de financiamiento de campaña por un monto superior a los 5.000 millones de pesos. Además, examina la relación entre la campaña y los vuelos realizados por el presidente Petro y su equipo en aviones de la compañía Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), que no presentó los permisos de vuelo requeridos y anuló varias facturas emitidas por estos servicios.
Otro aspecto de la investigación incluye pagos a más de 60.000 testigos electorales durante la segunda vuelta presidencial, así como la omisión de información financiera en la plataforma Cuentas Claras, relacionada con presuntos aportes del sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO). También se investiga una factura por publicidad no reportada.
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