La Fiscalía abrió una indagación preliminar contra los sacerdotes Francisco de Roux, Hans Zollner y Luis Javier Sarralde por presunta omisión en el caso de abuso sexual cometido por el padre Darío Chavarriaga contra ocho hermanos, según denunció la familia Llano. El proceso fue reasignado a la Unidad de Administración Pública tras denuncias de irregularidades reveladas por Blu Radio.
De acuerdo con la denuncia presentada en septiembre de 2024, los tres sacerdotes habrían conocido la confesión del padre Chavarriaga en un proceso interno de la Iglesia y no la reportaron a las autoridades judiciales. Según el abogado de la familia Llano, Diego Vásquez, este encubrimiento no solo agravó el sufrimiento de las víctimas, sino que permitió que Chavarriaga continuara sin enfrentar consecuencias legales.
Chavarriaga, quien era decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana , confesó los abusos en una investigación eclesiástica. Sin embargo, en lugar de reportar los hechos a la justicia, la Iglesia decidió retirarlo de sus funciones y enviarlo a una casa para sacerdotes enfermos. El sacerdote murió en 2015 sin asumir responsabilidades legales ni reconocer sus actos ante las víctimas.
La familia Llano se enteró recientemente de los resultados de la investigación interna, que había sido mantenida en reserva.
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“No solo encubrieron el delito, sino que revictimizaron a los afectados”, señaló Vásquez, quien denunció que la Iglesia ignoró a las víctimas, sin ofrecerles apoyo psicológico o espiritual.
Otro punto de la denuncia es la polémica en el manejo judicial del caso. Vásquez criticó que la Fiscalía aplicara la Ley 600, un procedimiento judicial anterior a 2004, en lugar de la Ley 906, vigente para investigar el presunto encubrimiento.
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“No estamos denunciando el delito sexual directamente, sino la omisión y el encubrimiento. Este proceso exige el uso de la ley actual”, enfatizó.
Además, la designación de un fiscal de delitos sexuales ha generado cuestionamientos. La defensa sostiene que lo investigado no es el abuso en sí, sino la falta de denuncia por parte de los sacerdotes. Tras estas críticas, la Fiscalía reasignó el caso a la Unidad de Administración Pública.
La familia Llano, antes devota de la Iglesia, expresó sentirse traicionada por la institución, que, según afirman, les dio la espalda.
“Es indignante que, ante un delito tan grave, la única consecuencia para Chavarriaga fuera su traslado a un lugar de reposo”, afirmó Vásquez.
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La investigación, ahora en manos de la Fiscalía, busca determinar si los sacerdotes cometieron actos de omisión al no denunciar los hechos.