La Fiscalía General de la Nación anunció este martes que imputará nuevos cargos y solicitará medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
La decisión fue anunciada por el fiscal Mario Andrés Burgos, quien está a cargo de la investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Burgos no reveló cuáles son los nuevos cargos que se imputarán a Petro, pero dijo que tienen que ver con la contratación de la Gobernación del Atlántico.
“La Fiscalía está pronta a imputar y a solicitar medida de aseguramiento en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y otros delitos", dijo Burgos en una audiencia judicial.
Petro, quien es diputado del Atlántico, se encuentra actualmente libre con medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Sin embargo, la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía podría llevarlo a la cárcel o a la detención domiciliaria.
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La investigación contra Petro se inició en 2022, luego de que la Fiscalía recibiera denuncias sobre la presunta recepción de dineros ilícitos por parte de Nicolás Petro y su expareja,Daysuris Vásquez, para financiar la campaña presidencial de su padre.
En agosto de 2023, la Fiscalía imputó a Petro y Vásquez los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ambos imputados se declararon inocentes.
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La investigación de la Fiscalía ha revelado que Petro y Vásquez habrían adquirido una mansión en Barranquilla con dineros que no podían justificar. También se ha señalado que Petro habría recibido dineros de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca y de Samuel Santander Lopesierra, excapo narcotraficante.
La solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía es un nuevo golpe para la imagen de Gustavo Petro, quien ha sido criticado por algunos sectores por no haber tomado acciones para proteger a su hijo de la investigación.
La audiencia contra Day Vásquez
En estos momentos, se está llevando a cabo una audiencia de gran relevancia, en la que participan activamente Daysuris Vázquez y Laura Ojeda. La discusión no se limita únicamente a la legalización del principio de oportunidad que Vázquez firmó a principios de diciembre con la Fiscalía, sino también al proceso en curso en contra de Ojeda. Este último involucra presuntas violaciones relacionadas con el uso de datos personales o el perfilamiento de Laura Ojeda durante su relación con Nicolás Petro.
La audiencia contra Day Vásquez
La atención se centra en la defensa de Laura Ojeda, quien busca que la audiencia sea declarada como privada. Esta solicitud se basa en la premisa de que la revelación de pruebas podría vulnerar su intimidad y poner en riesgo la sensibilidad del menor de edad, fruto de su relación con Nicolás Petro.
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El punto clave de la defensa de Ojeda radica en la necesidad de mantener la privacidad de la audiencia, argumentando que la exposición de pruebas podría afectar su vida íntima y, más crucial aún, la vida del menor involucrado. En este sentido, la posición del fiscal Mario Burgos respalda la solicitud de privacidad, considerando las circunstancias paralelas relacionadas con el caso de Nicolás Petro.
La controversia se intensifica debido a la falta de detalles concretos proporcionados por el fiscal Burgos en relación con los nuevos cargos contra Daisuris Vázquez. La incertidumbre en torno a la contratación pública y las supuestas irregularidades contribuye a la complejidad del caso, generando un ambiente legal cargado de interrogantes.
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Desarrollo actual de la audiencia
Hasta el momento, la audiencia continúa su curso y aún no se ha decidido si se llevará a cabo de manera privada o pública. Esta decisión es crucial, ya que no solo afecta directamente a los involucrados, sino que también tiene implicaciones para la transparencia y el acceso a la información por parte de los medios de comunicación y el público en general.
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