La Fiscalía General de la Nación ha impuesto medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, presuntamente pertenecientes a una organización trasnacional dedicada al lavado de activos en Colombia y Panamá entre 1997 y 2000.
Estas medidas fueron adoptadas por un fiscal de la dirección especializada de extinción del derecho de dominio, en respuesta a un esquema que utilizaba diversas maniobras financieras, como la compra de bienes muebles e inmuebles, para ocultar el origen ilícito de los fondos. Las propiedades afectadas se encuentran en varias regiones del país, incluidas Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, realizó las diligencias correspondientes para la ocupación de los activos. En total, se afectaron 45 inmuebles, que comprenden predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; además de cuatro establecimientos de comercio, cuatro sociedades y seis vehículos.
Los propietarios de estos bienes han sido capturados, judicializados y condenados por su participación en operaciones financieras ficticias que permitieron el traslado de grandes sumas de dinero, las cuales no coincidían con su perfil económico y resultaron en un aumento injustificado de su patrimonio.
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La administración de las propiedades incautadas será asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE ). Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades para combatir el lavado de activos y el crimen organizado en el país.
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