El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que ya trazó las primeras líneas de investigación para determinar el destino de los 70.000 millones de pesos que el Ministerio de las TIC dio al contratista como anticipo del contrato para llevar internet a los colegios de las zonas rurales más apartadas del país.
Tal como lo reveló Blu Radio el pasado martes, la Dirección Anticorrupción investiga preliminarmente a los funcionarios involucrados en la estructuración, evaluación o aprobación de los documentos precontractuales.
Los Investigadores de la Unidad Anticorrupción indagan, a través de peritos forenses, la manera como fue alterada la póliza de aseguramiento que permitió al contratista UT Centros Poblados (conformado por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación- Funtic) obtener un desembolso por 70.000 millones de pesos para interconectar a más de 7.000 colegios en zonas rurales de 15 departamentos, y en el que no hay mayores avances en las conexiones.
Los fiscales dispuestos para esta tarea evalúan también la responsabilidad del contratista Sescolombia SAS, encargadó de revisar los documentos del contrato. En tal sentido, la Fiscalía realizó visita a la empresa para recopilar la información que sea necesaria para esta investigación y entrevistó a los empleados.
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Dentro del plan de investigación de la Fiscalía se encuentra también la de practicar entrevistas al representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y, si es el caso, a los demás integrantes de ese consorcio.
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En este proceso judicial se constituyó como víctima el Banco Itaú.
El fiscal Barbosa explicó que en estas labores investigativas buscan definir la entidad o el contratista que presentó ese documento; además, cómo fue el proceso para la expedición de esas pólizas, la manera como se produjo el giro de esos recursos derivados del contrato de administración de fiducia y pagos, a su vez, derivado del contrato principal, y cómo se presentó esa aprobación y giro de recursos.
Las declaraciones del fiscal fueron entregadas en un foro en el periódico El Tiempo, en el que también asistió la procuradora Margarita Cabello, quien fue un poco más reservada y se limitó a señalar que se está trabajando en llave con el ente acusador y la Contraloría para dar con las posibles irregularidades en el contrato.
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