La Fiscalía General de la Nación advirtió que los integrantes de la red criminal que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) podrían seguir en contacto, a pesar de las investigaciones en curso y las capturas realizadas hasta el momento.
La advertencia la hizo la fiscal del caso, Cristina Patiño, durante una audiencia reservada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que solicitó autorización para realizar nuevas tareas de Policía Judicial dentro del proceso que involucra a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
Tanto la experiencia como la lógica nos llevan a concluir que la materialización de las conductas con características de delito tuvo que comenzar de tiempo atrás y también que es altamente probable que aún los integrantes de este entramado criminal se estén comunicando
La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que apuntan a una posible responsabilidad de Carlos Ramón González en el delito de tráfico de influencias de servidor público. Según la investigación, el exdirector del DAPRE habría ordenado el pago de millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en octubre de 2023, como parte de una estrategia para promover las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
En la misma audiencia, la fiscal Cristina Patiño solicitó autorización para que Migración Colombia entregue información sobre el pasaporte de Carlos Ramón González, así como detalles sobre su posible regreso al país y la aerolínea con la que viajaría. Además, pidió que la Presidencia de la República aclare si existen cámaras de seguridad en los lugares donde, según Olmedo López, se habrían llevado a cabo ‘los cónclaves’ mencionados en su declaración.
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Además, en el acta de legalización de pruebas, el ente acusador pidió autorización para analizar la declaración de renta, el pago de impuestos ante la DIAN y los títulos de valores registrados en Deceval a nombre de Carlos Ramón González, en busca de indicios que permitan esclarecer su posible participación en la red de corrupción.
De acuerdo con un documento al que tuvo acceso Blu Radio, el caso de Carlos Ramón González fue separado procesalmente del de los demás investigados en el escándalo de la UNGRD, y quedó bajo la responsabilidad de la Fiscal 9 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con carácter especial.
Las autoridades buscan determinar si González también incurrió en el delito de tráfico de influencias de activos, al igual que Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Según la Fiscalía, habría coordinado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la dirección de contratos y la entrega de recursos de la entidad a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
El proceso sigue en desarrollo mientras el ente investigador recopila más pruebas para esclarecer la presunta participación de Carlos Ramón González en la red de corrupción.
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