Este lunes, 30 de septiembre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada en el caso de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín, el 6 de octubre del año 2000.
El caso investiga esta y otras desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos ejecutados por paramilitares y miembros del Gaula Medellín, al mando o bajo influencia de Santoyo a finales de los 90 y principios de los 2000.
Santoyo fue vinculado a este proceso por su rol de mando en el Gaula; según testigos, el colaboró estrechamente con las AUC para perpetrar crímenes contra civiles. La Fiscalía concluyó que estos hechos deben ser investigados como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores.
“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares. Varios exintegrantes de las AUC admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes”, dice la Comisión Colombiana de Juristas que hace seguimiento al caso.
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Actualmente, la JEP estudia la libertad transitoria de Santoyo, sin embargo, la reciente decisión de la Fiscalía corrobora que este caso es crucial para entender los nexos entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia.
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