La Fiscalía General de la Nación formalizó acusaciones contra Rodolfo Hernández Suárez y su esposa, Socorro Oliveros. La imputación se centra en presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Hernández para el período 2022. Los cargos formulados incluyen la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, una grave acusación que podría tener repercusiones significativas para ambos implicados.
De acuerdo con la Fiscalía, Socorro Oliveros, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Hernández, habría permitido que el exalcalde realizara aportes en efectivo a su propia campaña por un monto de 127 millones de pesos. Estos aportes se hicieron a pesar de que Hernández ya enfrentaba acusaciones penales desde mayo de 2021, lo que, según el ente acusador, representa una violación de las normativas que regulan el financiamiento de campañas electorales en Colombia.
El proceso judicial se encuentra en sus fases iniciales, y tanto Hernández como Oliveros han ejercido su derecho a la defensa, rechazando los cargos que se les imputaron en enero de 2024.
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Caso Vitalogic
Este no es el único lío judicial en la carrera de Hernández, el pasado 14 de junio fue condenado a 64 meses. En su decisión, el togado señaló que Hernández, de 79 años, fue hallado culpable, como autor directo, del "delito de interés indebido en la celebración de contratos", razón por la cual también fue inhabilitado para ejercer "derechos y funciones públicas" durante 80 meses.
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Según el juez, Hernández es culpable de beneficiar a terceros en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías en el tratamiento de los residuos sólidos cuando fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, entre 2016 y 2019.
El objetivo era que con este contrato su hijo obtuviera beneficios económicos, por lo que Hernández se contactó con los representantes de la empresa que iba a implementar la nueva tecnología en Bucaramanga y les entregó información privilegiada para que tuvieran ventajas en la licitación.
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