Durante la audiencia realizada por el juzgado 59 penal, la Fiscalía acusó formalmente a Juan José Laverde y Ottomar Lascarro por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Mientras que a Juan Carlos Cáceres Bayona lo acusó por el delito de peculado por apropiación, por el escándalo de Centros Poblados.

Vale la pena recordar que Juan José Laverde, Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, según las pruebas que tiene la Fiscalía, presuntamente participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y presentaron pólizas falsas para poderse quedar con el millonario contrato, el mismo del anticipo de los 70.000 millones de pesos.

En este momento está en trámite un principio de oportunidad de Juan José Laverde, donde él ya ha revelado información a cambio de suspender la acción penal en su contra. Sobre este principio se opone la defensa jurídica del Estado, pues aseguran que Laverde ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia.

Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió cuando fue capturado, pues entregó información con la que se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, exrepresentante de la unión temporal.

¿Para dónde va la plata recuperada del escándalo de Centros Poblados? Mintic responde

En diálogo con Blu Radio, la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Sandra Urrutia, explicó que el proceso para recuperar los 70.000 millones de pesos de anticipo del escándalo de Centros Poblados  hasta ahora comienza, pero que, de momento, se han conseguido 3.500 millones de pesos.

“Se han logrado avances importantes. En relación a lo que hoy se ha recuperado en plata blanca, tenemos cerca de 3.500 millones de pesos que ya están en poder del Estado y las acciones siguen (…) Los implicados están ofreciendo el restablecimiento y entrega de unos bienes como parte de un preacuerdo”, explicó la ministra en Mañanas Blu.

Según dijo, al Ministerio de las Tecnologías aún no se le ha entregado parte de esos recursos, pues el dinero “se fue al tesoro nacional porque la afectada” fue directamente la nación. En ese sentido, aseveró que lo importante, por ahora, es intentar recuperar la mayor cantidad de plata que sea posible.

El caso, añadió, está en manos de la Agencia Jurídica del Estado, que ha resuelto varios temas “con más agilidad”, permitiendo que los implicados entreguen información y se acojan a preacuerdos para entregar los bienes, como Emilio Tapia, quien es uno de los señalados de ser responsable en la trama de contratación que hubo.

Mientras el proceso continúa en los estrados, el Ministerio TIC se limita a entregar documentación y asistir a las audiencias para “proteger los recursos de la nación”, según aclaró la ministra Urrutia en Blu Radio, quien, además, mencionó que ya están empezando a “entregar los centros digitales” a las zonas apartadas del país.

Cabe recordar que el proyecto de los centros digitales, que busca llevar conectividad, está divido en regiones. Una de ellas es la zona B que estaba siendo ejecutada por Centros Poblados y terminó con un desfalco de 70.000 millones de pesos. La otra zona, la A, está a cargo de Claro y ha tenido retrasos en el cumplimiento del cronograma pactado.

Le puede interesar: