En una carta de dos páginas, el fiscal general Francisco Barbosa le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, que, en el menor tiempo posible, se le brinde información “detallada y precisa” sobre las investigaciones que adelanta la Justicia Penal Militar contra miembros de la fuerza pública por presuntos excesos en medio de la protesta social.
El jefe del ente acusador pide información sobre los casos que se relacionen con presuntos homicidios, lesiones personales dolosas y delitos sexuales por parte de uniformados. Incluso, solicita que se indique el lugar, la fecha de los hechos investigados y los nombres de los posibles indiciados.
En un segundo punto, la Fiscalía pide que se les informe de las actuaciones que haya adelantado la Justicia Penal Militar en relación con la posible participación de particulares armados en las acciones que ha adelantado la Policía Nacional en el barrio Ciudad Jardín, en el sur Cali, hechos sobre los cuales -aclara- ya hay una investigación desde el pasado 9 de mayo que asumió un fiscal de esta institución.
“Lo anterior con miras a que la Fiscalía cumpla con las competencias constitucionales y legales que le correspondan”, explicó el fiscal Barbosa.
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En la misiva, recuerda la Fiscalía que, según la ley, la competencia de la justicia ordinaria es la regla general que prevé el ordenamiento jurídico colombiano, más allá de que los hechos investigados se cometan en el marco de una operación policial o militar. Es decir, que la justicia penal militar debe ser excepcional, de interpretación restrictiva y está diseñada para proteger bienes jurídicos propios de la institución castrense, de orden eminentemente militar.
“En ningún caso la justicia penal militar conserva competencia para investigar posibles violaciones a los derechos humanos consagrados en la convención americana sobre derechos humanos (...) Según precedente de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, los excesos de la Policía, en el marco del control de disturbios y despeje de vías con ocasión de la protesta social Son competencia de la justicia ordinaria”, argumenta el jefe de la Fiscalía.
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