La familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cuyo asesinato confesó el español Daniel Sancho, dejará de recibir los servicios del abogado Miguel González Sánchez y empezará a trabajar con Adriana Behaine, una letrada oriunda de la misma localidad en la que había nacido el médico.
Así lo informó este viernes el abogado Luis Romero Santos, colaborador de González Sánchez en España, quien dijo en un comunicado que se puso a disposición de Behaine para seguir actuando con un "equipo jurídico internacional en Colombia, España y Tailandia para coordinar todas las acciones".
"He mostrado mi agradecimiento a Miguel González por su confianza y he felicitado a Adriana Behaine poniéndome a su disposición como abogado en España y colaborador en Tailandia, además de portavoz ante los medios", añadió el letrado.
La nueva abogada
Behaine es allegada a la familia de Arrieta y ha hablado en medios de comunicación sobre el caso. Incluso ha contado detalles sobre cómo han vivido sus conocidos todo lo que se ha derivado del crimen.
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"No teníamos conocimiento (sobre alguna relación con Daniel Sancho). Sabemos que el doctor Arrieta era una persona muy sociable, viajaba por todo el mundo y tenía amigos en diferentes países", manifestó a la emisora Blu Radio cuando se conoció el crimen.
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Igualmente dijo que cuando la familia perdió comunicación con él, "varias amigas intentaron comunicarse para reportar que estaba desaparecido".
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"La hermana desesperadamente lo buscaba. Ella le preguntaba (a Sancho) que si estaban juntos y él le dijo que le había perdido el rastro", expresó.
En sus redes sociales, Behaine ha impulsado la etiqueta #JusticiaPorEdwin y pidió apoyo al presidente colombiano, Gustavo Petro, ante este caso.
El caso
Sancho, de 29 años, fue detenido el pasado 5 de agosto en la isla turística de Phangan, en el sur de Tailandia y vecina de Samui, tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta tres días antes.
Desde el 7 de agosto, día en que pasó a disposición judicial, el joven se encuentra en prisión provisional en Samui, a la espera de juicio.
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La Policía cuenta con un plazo de 84 días desde esa fecha para concluir su investigación, en la que han participado unas 30 personas, entre agentes, investigadores, médicos forenses y buzos, según fuentes policiales.
Aunque la Policía entregue el informe en los próximos días, la investigación podría continuar después, pues la Fiscalía dispondría del periodo restante de los 84 días para solicitar más pruebas si lo considera necesario.
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