Fallo del Consejo de Estado respalda a Procuraduría en debate por sanciones a funcionarios

La Sección Quinta del Consejo de Estado le dio la razón a la Procuraduría en medio del amplio debate por las competencias del ministerio público para sancionar a funcionarios elegidos popularmente.

En esta ocasión, dicha instancia reactivó 10 sanciones emitidas por la Procuraduría que antes, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, había tumbado la Sección Segunda del mismo alto tribunal. Lo hizo luego de aceptar una tutela en la que el ministerio público alegaba que se estaba aplicando mal la normatividad vigente, pues se trató de decisiones contra mandatarios o funcionarios que no estaban en ejercicio.

Ese argumento fue acogido por el magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas, quien validó lo dicho ya por la Corte Constitucional, aseguró que la postura tomada en ese momento por la Sección Segunda incurrió en error e incluso podría llevar a que todas las sanciones anteriores a exfuncionarios también fueran tumbadas.

“...se concluye que la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo. Esto, ante una aplicación irrestricta y automática del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los dictámenes establecidos en la sentencia Gustavo Petro Urrego contra Colombia, sin tomar en consideración el andamiaje institucional establecido por el constituyente y el legislador en relación con la competencia con la que contaba la Procuraduría para sancionar funcionarios electos por voto popular”, reseñó el fallo.

Así las cosas, se reactivan las sanciones contra 10 políticos, entre ellas la suspensión por ocho meses contra el fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, esto por el caso en el que le pegó una cachetada a un concejal.

Con esto sigue el choque de trenes entre las mismas instancias del Consejo de Estado que aún no se ponen de acuerdo con las competencias que tiene o no la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos popularmente pese a que la Corte Constitucional (en su fallo C-030 del año pasado) había reiterado que sí podía hacerlo siempre y cuando hubiera una revisión adicional.