La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió excluir de sus beneficios transicionales al sargento mayor retirado Ferney Ulmandín Causaya Peña, tras confirmar su condena a 40 años de prisión. El exmilitar fue hallado responsable de desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
En su defensa, sostuvo que no tuvo participación en estos crímenes y que sus actividades como suboficial se limitaron a operaciones de inteligencia enfocadas en el ELN. También afirmó que, durante la retoma, únicamente transportó equipos de comunicación a la Casa del Florero.
Sin embargo, la JEP determinó que sus declaraciones no aportaron información clave para esclarecer las desapariciones ni para identificar a otros responsables. Según el fallo, la versión de Causaya resultó insuficiente y no cumplió con los requisitos establecidos para mantener los beneficios del sistema transicional.
Aunque describe sus actividades durante los días de los hechos, su versión no proporciona elementos nuevos ni relevantes que contribuyan al esclarecimiento de su participación y la de terceros
Además, la JEP consideró que las propuestas de Causaya para reparar a las víctimas fueron limitadas y carentes de sustancia. Su único planteamiento consistió en expresar un deseo general de que se conociera la verdad, apelando incluso a la voluntad divina, sin ofrecer detalles concretos que ayudaran a reconstruir los hechos.
En consecuencia, la JEP comunicó la decisión a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que esta tome las medidas pertinentes respecto a la condena de Causaya en el proceso judicial 61472. Asimismo, notificó a la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema para que continúe con la investigación 13744, en la cual el exmilitar también está implicado.
Con esta decisión, Causaya queda a disposición de la justicia ordinaria para el cumplimiento de las sanciones penales impuestas por su responsabilidad en los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985.