El coronel (r) Santiago Herrera rindió versión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 5 de julio. En esa diligencia se refirió a algunas operaciones que el Ejército desarrollaba en la frontera y señaló que, en 2002, el expresidente Álvaro Uribe autorizó, durante un consejo de seguridad en Arauca, que las tropas ingresaran a territorio venezolano.
Esto debido a que la información que tenía la fuerza pública era que en ese territorio había de las guerrillas. Información que también fue conocida por los altos mandos militares en ese momento.
"Dentro de ese consejo de seguridad una de las cosas que más me llamó la atención fue eso, cuando dicen puntualmente que todo viene de Venezuela y básicamente el presidente dice: 'métanse yo apoyo eso y yo soy el que responde'. Bajo ese criterio, como había tanta información que venía, hacemos la primera operación. Es el señor coronel Javier López, quien trabaja en el comando del Ejército, hace una operación y entra a Venezuela y hacemos la captura de unas 9 o 10 personas", señaló.
Sin embargo, también explicó que incluso se presentaron bajas en territorio venezolano que el Ejército reportaba como casos que se presentaron en Colombia. Fueron al menos dos operaciones las que narró Herrera ante la JEP: en una de ellas murió un menor de 14 años que vestía de civil, algo que el Ejército consideraba podía afectar el Plan Escudo; un programa militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
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Debido a la gravedad del suceso, el hecho le fue comunicado al ministro de Defensa de entonces, Jorge Alberto Uribe, quien aseguró, según el testimonio de Herrera, que hablaría sobre esta situación con la embajada norteamericana.
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"Me dijo que ellos iban a manejar directamente esa situación con la embajada", señaló Herrera que había sido la respuesta del ministro, cuando se le comunicó lo sucedido. La muerte del menor se habría dado en una operación siguiendo las instrucciones del consejo de seguridad en Arauca.
El coronel Herrera fue uno de los militares que públicamente aceptó su responsabilidad en casos de falsos positivos que se dieron en Norte de Santander; no obstante, la JEP lo había llamado nuevamente para que ampliara su testimonio por si tenía más información de este tipo de hechos. La diligencia fue presidida por la magistrada Catalina Díaz, relatora del caso 03.
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