Miguel Antonio Becerra Asprilla, expersonero de Quibdó entre abril de 2013 y septiembre de 2014 , habría cobrado por expedir 29 certificados que acreditaban la muerte de personas en hechos terroristas sucedidos en el departamento del Chocó.
Estas certificaciones eran usadas por terceros para solicitar indemnizaciones ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), fondo que aceptó 13 de las peticiones y desembolsó el dinero requerido, pero jamás llegó a los familiares de las personas fallecidas.
Según la Fiscalía, el exfuncionario alcanzó a recibir hasta $8’700.000, por medio de giros y el pago de una deuda, pues al parecer el exigía $300.000 por cada documento que firmó y según la investigación, se pudo evidenciar que 16 certificaciones son falsas pues tenían información errónea sobre la causa de las muertes y la fecha.
Las reclamaciones fueron presentadas a nombre de los familiares de las víctimas por una empresa dedicada a realizar trámites.
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Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción entregó ante un juez de control de garantías al expersonero para imputarle los delitos de falsedad ideológica en documento público y cohecho impropio.
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