El exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar , condenado a cuatro años por usar su cargo para favorecer indebidamente la causa de Fidupetrol, elevó una petición a las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra para que revisen su condena, porque, según él, nunca perteneció al 'Cartel de las Tutelas'. Lo hizo a través del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales.
La petición la elevó basándose en que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Según los argumentos que expone en esta carta, el proceso que llevó a su condena fue irregular y no tuvo un juicio justo porque se aceptaron pruebas anónimas, “no acordes a la ley”, y el Consejo Seccional de la Judicatura había absuelto al exmagistrado al encontrar ajustado al derecho su conducta porque fue Fidupetrol quien contactó a Escobar, únicamente requiriéndole información.
La carta dice que, en octubre de 2013, la sociedad Fidupetrol contactó a Rodrigo Escobar con el fin de consultarle sobre un proceso de tutela que esta entidad adelantaba contra la Corte Suprema y se encontraba en la Corte Constitucional.
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Se añade también: “El 16 de noviembre de 2013, el Sr. Escobar emitió un jurídico que analizaba la posición argumentación de Fidupetrol S.A. y formulaba sugerencias para que sustenten la acción jurídica de los derechos de dicha sociedad ante la Corte Constitucional. La representación judicial estuvo a cargo del abogado Víctor Pacheco, quien utilizó insumos en su actuación el 20 de noviembre de 2013”.
En febrero de 2015, el abogado Víctor Pacheco, condenado por las gestiones que hizo ante la Corte Constitucional para que los magistrados beneficiaran a la firma Fidupetrol, dio declaraciones a los medios en las que señaló que el magistrado Pretelt le había solicitado a Pacheco 500 millones de pesos para favorecer la decisión de la tutela de Fidupetrol S.A.
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Esa denuncia habría sido conocida, de acuerdo con esta información, por la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes en la que el magistrado Mauricio González Cuervo declaró, el 27 de febrero de 2015, sobre hechos relacionados con el magistrado Jorge Pretelt. Dicha denuncia fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación y paralelamente al Consejo Seccional de la Judicatura para las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes.
Se informa, también, que la Fiscalía General de la Nación inició investigación penal a mediados del 2015 por el caso Fidupetrol y por la supuesta existencia de un "Cartel de Tutelas". Mediante la resolución 308 del 2015 se decidió que la investigación de estos hechos se realizará por el vicefiscal general de la Nación, y designó un grupo especial de fiscales y funcionarios judiciales para investigar todos los aspectos relacionados con la actividad personal y profesional de Rodrigo Escobar Gil.
Los argumentos del exmagistrado para solicitar que revisen su condena:
El Consejo Seccional de la Judicatura habría citado a Escobar a declarar el 24 de marzo de 2015. Y en decisión del 25 de agosto de 2015, el consejo decretó la terminación de la investigación disciplinaria contra Rodrigo Escobar Gil al encontrar “ajustada su conducta a las normas que rigen el ejercicio de la profesión de abogado”.
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Se menciona que la Fiscalía General de la Nación invocó la existencia de un documento anónimo, medio que en el derecho colombiano carece de legalidad y valor probatorio, y sin que se hubiera sometido a procedimiento alguno para validar la veracidad de la información allí contenida.
En ese documento anónimo se afirmaba que Rodrigo Escobar Gil y sus abogados se habían reunido para utilizar un supuesto fondo común con el entonces magistrado Jorge Pretelt, de cerca de 2.000 millones de pesos con el fin de realizar sobornos en la Fiscalía y obtener información del caso, particularmente, sobre el preacuerdo entre Víctor Pacheco y el ente investigador.
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“Dicho documento anónimo no solo fue invocado en una audiencia ante un juez de control de garantías, y filtrado a los medios de comunicación, los cuales reprodujeron íntegramente su contenido, destacando ante la opinión pública la supuesta orquestación de un "plan" de Rodrigo Escobar Gil para disponer de grandes sumas de dinero para obtener información sobre el proceso de Víctor Pacheco. Dicho documento anónimo, sin capacidad de ser judicializado, sirvió de base para que Rodrigo Escobar Gil fuera objeto de extorsiones anónimas”, según señala el documento.
Finalmente, la petición elevada pide que en un plazo de 60 días le puedan dar respuesta acerca del caso del extogado de la Corte Constitucional.
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