El Ministerio de Justicia, encabeza de Néstor Osuna, publicó el decreto con el que se fijan las reglas para que más de 5.000 madres cabeza de familia queden en libertad a cambio de que hagan labor social como una medida sustitutiva de su pena.
Las beneficiarias serán condenadas con penas de prisión a ocho años por delitos de hurto, certificación falsa por un funcionario público, pertinencia, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de muebles e inmuebles.
Dicha sustitución de la medida privativa a pasar a la libertad deberá ir acompañada de trabajo social que asigna un juez como recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal, asistencia a comunidades vulnerables, entre otras actividades.
Quienes sean cobijadas por ese beneficio deberán ser afiliadas al sistema de seguridad social, y quienes no tengan capacidad de pago para cotizar, se informará a la Secretaría de Salud para que se haga efectivo ese trámite. Asimismo, deberán ser afiliadas al Sistema de Riesgos Laborales.
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El decreto también explicó que en caso de que la beneficiaría incumpla con alguna obligación le "corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad determinar la gravedad del incumplimiento, requerimiento a la condenada, dentro del marco del debido proceso".
El programa contará con un sistema de información para los servicios de utilidad pública y la entidades públicas, sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales que desarrollen la labor social de las mujeres beneficiarias deberán enviar un informe de cumplimiento. Por su parte, el MinJusticia realizará cada dos años una evaluación de este proceso.
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El documento también explicó que el objetivo de este proceso es atender la situación del sistema carcelario, priorizar la resocialización y el respeto de los derechos humanos y promover la inclusión de la disminución de la privación de la libertad, plasmada en el Plan Nacional de Política Criminal.
Este es el decreto
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