En las últimas horas, Blu Radio revelólos tres contratos que firmó la Unidad Nacional de Protección (UNP) el pasado 23 de diciembre, a través de contratación directa, bajo la figura de urgencia manifiesta, para el arrendamiento de vehículos convencionales para la protección de personas en riesgo. El contrato se suscribió ante la imposibilidad de prorrogar con los contratistas que tenía a su cargo esos tres procesos.
La razón por la que se decidió no renovar los contratos con las empresas OLT Transportes S.A.Sy JC Vector Rental Car S.A.S. es que la Unidad Nacional de Protección adelanta un proceso sancionatorio en su contra por presuntos incumplimientos de los contratos en los periodos de empalme y transición.
“Que el estado de la ejecución de los contratos impide que la Unidad Nacional de Protección proceda a prorrogar los servicios de que tratan los contratos No 1342, 1346 y 1348 de 2022 como quiera que estén en curso los procesos administrativos sancionatorios”, señala la resolución 2504 de 2022.
El primer caso es el del contrato 1346 de 2022, a cargo de la empresa JC Vector, en donde la supervisión jurídica y financiera ordena adelantar un proceso sancionatorio por el incumplimiento del contratista “respecto a la mora en la que incurrió y sigue incurriendo respecto a la entrega total de los vehículos convencionales que se comprometió y certificó tener disponibilidad del 100 % desde el inicio de la ejecución del contrato”.
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Señala que dicho incumplimiento causó un perjuicio grave a la UNP y por eso debe aplicarse la sanción contractual porque se evidencia que JC Vector, “de mala fe”, manifestó contar con una cantidad de vehículos que materialmente no disponía. Por eso se pide a la oficina jurídica que de encontrarse indicios de un delito compulse las copias a la autoridad competente para tomar decisiones de carácter penal.
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En los casos de los contratos 1342 y 1348 se señalan incumplimientos similares de la empresa OLT Transporte S.A.S.; pero, además, se advierte que dilató la entrega de los vehículos hasta el día 2 de diciembre “hasta que logró suscribir un arrendamiento con otro proveedor que terminó de comprobar que la carta de disponibilidad faltaba a la verdad”.
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Sobre estos dos contratos con OTL Transporte S.A.S. se especifica que en el caso del contrato 1342 la cláusula penal es equivalente a 406 millones de pesos y en el caso del contrato 1348 la cláusula asciende a 206 millones de pesos.
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Lo preocupante es que el arrendamiento de vehículos de los que estaban encargados estos contratistas correspondía a zonas del país como Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada, en el caso del grupo 5 manejado por JC Vector; y Caquetá, Huila y Valle del Cauca, en el caso del grupo 8 a cargo de OLT.
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