Esta es la historia de corrupción detrás de la captura del exmagistrado Jorge Pretelt

El 18 de octubre del 2013, el entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt le solicitó al abogado Víctor Arturo Pacheco, apoderado de Fidupetrol, la suma de $500'000.000, con el fin de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional para que la fiduciaria saliera bien librada en una acción de tutela que habían instaurado contra un fallo dictado por la Sala de Casación Penal, el cual obligaba a Fidupetrol a pagar a favor de la Gobernación del Casanare $22.500.000.000 más intereses del 10,5% anual.

El encuentro se dio en la casa del entonces magistrado Jorge Pretelt, ubicada en Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal organizada por Pretelt, a la cual también estaba invitado el abogado Víctor Arturo Pacheco.

Pretelt le presentó al abogado una hoja de ruta para que la gestión fuera exitosa, la cual incluía que Fidupetrol contratara los servicios del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil para que continuara el trámite de la acción de tutela, que en ese momento estaba en revisión ante este alto tribunal, y supuestamente entregar prebendas a personas que hacían parte del núcleo familiar del magistrado que estaba a cargo del caso.

Según las pruebas de la Corte, además hubo influencias de Fidupetrol para la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional, en la que participaron directivos de la fiduciaria y el abogado Víctor Arturo Pacheco, quienes ya aceptaron su responsabilidad y fueron condenados por el delito de tráfico de influencias.

Jorge Pretelt, de acuerdo con el fallo de la Corte, incurrió en el delito de concusión, al abusar de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional y tratar de interferir en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por Fidupetrol.

“El comportamiento que se identifica con la modalidad de concusión implícita, según la cual la petición se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón al poder que el agente detenta”, señaló la Corte.

Este delito, además, se consuma cuando se realiza la exigencia de dinero u otra utilidad indebida, de manera directa, sutil o mediante amenazas, así quedó consignado en el fallo de segunda instancia que confirmó la condena en contra de Jorge Pretelt.

La Corte, además, modificó la multa que le fue impuesta fijándola en 56,25 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos y redujo su inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas en un término de 5 años, 4 meses y 15 días.

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