Este jueves, 11 de julio, se llevó a cabo una nueva audiencia en la Procuraduría General de la Nación en contra del excanciller Álvaro Leyva por la polémica de los pasaportes. Allí, Yefferson Dueñas, el abogado del excanciller, pidió archivar el proceso disciplinario en su contra por la licitación de los pasaportes, alegando que hay "persecución política".
Varias polémicas han rodeado este proceso desde que la Procuraduría sancionó inicialmente por tres meses al entonces ministro de Relaciones Exteriores y, además, prorrogó esta sanción por el mismo tiempo.
Ante el procurador delegado han concurrido varios funcionarios y exfuncionarios en calidad de testigos, como por ejemplo Martha Lucía Zamora, quien declaró y aseguró que tuvo un fuerte desencuentro con Álvaro Leyva en donde la trató de corrupta e, incluso, la amenazó con acusarla con el presidente Gustavo Petro.
“A nosotros no nos han dicho nada, ni nada en este momento evidencia temas de corrupción”, expresó Zamora, acto seguido Álvaro Leyva le habría dicho: “Le voy a decir al presidente lo que usted está haciendo”, dijo Zamora en su declaración.
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Incluso, el mismo excanciller asistió a la Procuraduría a rendir versión libre por los hechos que lo mantuvieron en el ojo del huracán a inicios de este año y en su defensa dijo que su decisión de declarar desierta la licitación fue acertada.
Este juicio disciplinario está en su etapa final y será el procurador delegado, quien luego de examinar los folios presentados por la defensa de Álvaro Leyva, tomará determinaciones en este caso.
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La polémica por el caso pasaportes
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas grandes como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas las compañías se retiraron al alegar que no había garantías para competir por ese contrato.
La Procuraduría indicó que la primera falta del canciller, que por estos días está de viaje en Suiza, fue “declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.
En segundo lugar, el organismo de control dictó cargos contra Leyva porque decretó la “urgencia manifiesta” durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
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La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien el presidente colombiano, Gustavo Petro, le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso.
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