Es inconstitucional negociar bajo una sola ley con narcos y guerrilleros: magistrado Jorge Ibáñez

La Corte Constitucional ratificó este jueves, 30 de noviembre,las facultades del presidente Gustavo Petro para dialogar con grupos armados organizados al margen de la ley.

Con esta decisión del alto tribunal se reiteran los términos jurídicos de las conversaciones con estructuras criminales que contempla la ley 2272 de 2022, conocida como ley de la paz total.

Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto pues considera que es inconstitucional incorporar en una sola ley el diálogo de paz con estructuras como el ELN, que tienen un carácter político, y organizaciones criminales con el Clan del Golfo dedicadas al narcotráfico.

Es indispensable distinguir entre unos y otros grupos, señaló el magistrado Ibáñez al explicar su salvamento de voto, pues “esta distinción no sólo es relevante para establecer su estatus jurídico, sino para determinar cuáles son las normas constitucionales aplicables en uno y en otro caso”.

Según el magistrado, la paz total del Gobierno Petro trae un nuevo concepto que incorpora tanto lo referente a las negociaciones con grupos armados con los que se adelanten diálogos de carácter político y acercamientos o procesos de negociación con grupos armados organizados del crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.

A juicio del magistrado Ibáñez, "a menos que se tramite una reforma constitucional no es posible asimilar un proceso de paz con un proceso de sometimiento a la justicia, cada uno de los cuales tiene su propio marco jurídico”.

"La definición y alcance de la paz total, en la que hasta ahora no se había propuesto adelantar procesos de paz con los carteles del narcotráfico se hace desde una ley, sin haberse modificado la Constitución, lo cual no corresponde con el marco jurídico actual", dijo.

El magistrado Ibáñez sostiene que aplicar el mismo procedimiento a dos tareas que son sustancialmente diferentes, como son la negociación política y el sometimiento a la justicia es inaceptable en términos constitucionales.

Le puede interesar