Al resolver una tutela que Richard Aguilar promovió pidiendo que se anulara todo el proceso en su contra por presuntas irregularidades en contratos cuando fue gobernador de Santander entre 2012 y 2015, señalando que nunca fue imputado. La Corte Suprema de Justicia negó la tutela porque no se logran evidenciar los desaciertos que Aguilar afirma que existieron en su proceso.
“Resulta notorio la aspiración del gestor de anteponer su propio criterio para atacar la actuación que, aunque viene salvaguardando sus garantías procesales, no lo hizo en la forma en que aspiraba, designio ajeno a esta vía residual y subsidiaria”, precisó la decisión del alto tribunal.
El exsenador también había intentado tumbar la decisión de la Corte del 8 de noviembre de 2021 de mantener su proceso vigente, alegando que no se le había respetado el debido proceso.
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Sin embargo, la sala de casación penal determinó que al exsenador no se le han vulnerado sus derechos al debido proceso ni a la defensa por la no realización de la audiencia de formulación de imputación, “debido a que la indagatoria que la Sala Especial de Instrucción adelantó en su contra bajo las reglas de la ley 600 del 2000 -antes de que renunciara al Senado, perdiera el fuero de congresista y su caso cambiara de sistema procesal-, sí puede asimilarse a una imputación de la ley 906 del 2004”, respondió la Corte a la solicitud.
La investigación que se lleva en contra del exsenador Richard Aguilar es por los contratos del reforzamiento del estadio de fútbol en 2014, la rehabilitación y pavimentación del corredor agroforestal y energético, las obras en el corredor vial San Gil - Charalá, la construcción del tercer carril en la vía Bucaramanga - Floridablanca y un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en 82 municipios del departamento.
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