Emilio Tapia logró preacuerdo con la Fiscalía por caso Centro Poblados

Emilio Tapia , principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados , alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.

Detalles del preacuerdo

El preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:

1. Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.
2. Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.
3. Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.
4. Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.

El escándalo de Centros Poblados

El caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.

El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.