El 87% de resultados en el Batallón La Popa, de 2002 a 2005, fueron asesinatos y desapariciones: JEP

La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 miembros del Ejército del Batallón La Popa por el caso 03 que lleva esta jurisdicción por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos” de manera eufemística.

Según la JEP, miembros del Ejército cometieron homicidio en persona protegida y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio.

La Jurisdicción determinó que los autores mediatos de estos hechos fueron los tenientes coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Infanteria No. 2 La Popa entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa, quien lo sucedió entre 2004 y 2005.

“El 87% de los resultados operacionales durante la comandancia del coronel Mejía fueron determinados por la Sala de Reconocimiento como asesinatos y desapariciones”, determinó la JEP.

El magistrado Óscar Parra explicó que se utilizaban cuatro modos de operación por parte de estos miembros del Ejército para realizar estas acciones que catalogaron de criminales: una de ellas es que las víctimas eran entregadas a las AUC después de ser detenidas.

También, las víctimas fueron asesinadas tras ser señaladas por guías o informantes de pertenecer o auxiliar a la guerrilla.

Por otro lado, las víctimas fueron asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad.

Por último, se detectó que las víctimas eran guerrilleros heridos o miembros de grupos armados que se entregaban a integrantes del batallón.

En el mismo sentido, el magistrado Parra explicó que “la justicia penal militar no investigó adecuadamente estas muertes contribuyendo a la perpetuación de la conducta que venía siendo replicada”.

Por último, según la JEP, estas actuaciones se dieron en connivencia con grupos paramilitares y con el objetivo de obtener los resultados que el batallón venía presentando durante los enfrentamientos con grupos subversivos. Y quienes presentaran bajas, por medio de incentivos o amenazas, obtenían permisos y vacaciones, así como pagos en efectivo utilizando recursos públicos.

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