Tras la muerte de dos líderes sindicales de la empresa en el año 2001, la Fiscalía inició una investigación en la que finalmente logró la condena de Jaime Blanco Maya, un contratista que suministraba alimentos en uno de los campamentos de Drummond en el departamento de Cesar.
Durante el proceso se investigó a la multinacional por presuntas entregas de dineros a paramilitares a través de sobrecostos en los pagos realizados a Blanco, con el fin de obtener seguridad por parte de las autodefensas.
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Tras varios años de procesos llevados en estrados judiciales en Colombia y Estados Unidos, se archivó la investigación concluyendo que no había pruebas que demostraran la responsabilidad de la compañía.
Sin embargo, según lo publicado por el diario El Tiempo, hace unas semanas un fiscal de justicia transicional solicitó la apertura del caso y anunció la solicitud de citación a interrogatorio de ocho ejecutivos de la multinacional.
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Jaime Bernal Cuéllar, apoderado de la empresa, aseguró que hasta el momento no han sido notificados.
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"Nosotros vamos a recopilar todos los documentos que tenemos, algunos de ellos creo debe conocerlos necesariamente la Fiscalía, para entregárselos y de nuevo dar las explicaciones que sean de rigor. Me parece que es repetir, con las mismas pruebas, investigaciones que fueron precluidas", aseguró Bernal Cuéllar.
Además, aseguró que desde hace unos años se interpuso una denuncia por falsos testigos en el proceso, la cual aún no arrojó resultados.
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