El juez tercero de conocimiento de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento que había ordenado un juez de garantías contra el abogado Diego Cadena, acusado por los delitos de soborno y fraude procesal.
Sin embargo, este juez de segunda instancia añadió que, además de representar un peligro para la comunidad y de haber riesgo de no comparecencia, existe riesgo de obstrucción a la justicia.
En la acusación, el fiscal del caso, Daniel Hernández, aseguró que, en julio del 2017, en Cali, los abogados Cadena y su socio, Juan José Salazar, hicieron un acuerdo y se dividieron roles para abordar a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve con el fin de que declararan ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senadorIván Cepeda.
La Fiscalía adicionó un dato importante en el escrito y es que, según sus pruebas, al testigo el exparamilitar Carlos Enrique Vélez no solo le ofrecieron dinero para que, supuestamente, cambiara su testimonio sino ayudas judiciales en procesos que avanzaban en su contra. Esta adición se da de acuerdo con información recaudada en interceptaciones telefónicas.
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Específicamente, que dijeran al alto tribunal que el senador les había ofrecido beneficios a cambio de que declararan en contra del expresidenteÁlvaro Uribe en el proceso 52240 que le llevaba el magistrado José Luis Barceló.
Dice la Fiscalía, por ejemplo, que a nueve familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez les habrían consignado por lo menos 48 millones de pesos.
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El 18 de julio, según el ente acusador, Cadena abordó en la cárcel de Palmira al exparamilitar Vélez y le ofreció 200 millones de pesos con el fin de que le dijera a la Corte Suprema que el senador Cepeda había pasado por su cárcel y por otras ofreciendo beneficios a cambio de que declararan en contra del expresidente Uribe, en medio de una investigación que le llevaba la Corte. De ese monto, la Fiscalía tiene pruebas de que entregaron 48 millones de pesos a 9 familiares y cercanos de Vélez.
Los pagos al exparamilitar Vélez
Dijo la Fiscalía que los dineros se entregaron de la siguiente manera: a María Melania Cosió le entregaron 200.000 pesos; a María Helena Vélez Ramírez, hermana y quien crio a Carlos Enrique Vélez, le entregaron primero 5’800.000 y en una segunda entrega, 500.000 pesos; a Daniela Paz, compañera sentimental de Vélez, le entregaron 3’100.000; a Eurides Cortés Velazco 700.000 pesos; a Erika Johana López Castaño le entregaron 100.000; al señor Francisco Javier Vélez 200.000. Pagos que se hicieron a través de casas de consignación
Luego, a José Fernando Vélez, sobrino de Carlos Enrique Vélez, le entregaron 18 millones de pesos. Le hicieron una primera entrega de 2 millones de pesos en el parque Bolívar, en Palmira y una segunda entrega de 16 millones de pesos al frente de la cárcel de esa misma ciudad.
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Posteriormente, entregaron 10 millones de pesos a Ricardo Diosa Londoño, primo de Vélez. La entrega la hizo un abogado enviado, supuestamente, por Cadena en el parque Jairo Varela de Cali.
Y finalmente, hicieron dos consignaciones por 5 millones de pesos al hijo de Carlos Enrique Vélez, a través del abogado Samuel Arturo Sánchez.
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“Juan José Salazar manejó las entregas de los dineros a las personas que le refirió Carlos Enrique Vélez”, dijo el fiscal del caso.
Otros hechos
Por otro lado, según la Fiscalía, en febrero del 2018, el abogado Diego Cadena le ofreció al exparamilitar Monsalve asesorías jurídicas con el fin de que, al igual que Vélez, declarara en contra del senador Cepeda ante la Corte Suprema.
“Los ofrecimientos se hicieron con el fin de que faltaran a la verdad. Que los dos exparamilitares declararan en la Corte que el senador Cepeda los había abordado con el fin de que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en una investigación que le lleva la Corte. Se presentaron documentos a la Corte redactados a mano por cada uno de los testigos sobornados en donde decían que Cepeda los había abordado. Se indujo en error a la Corte”, dijo el fiscal Hérnandez.
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Sobre esas cartas de los exparamilitares en las que declaraban falsamente contra el senador Cepeda, dijo la Fiscalía que las entregó a la Corte la oficina del abogado Jaime Granados, como representante del expresidente Uribe, pero que también fueron inducidos en error pues el reconocido abogado no sabía que habían sido producto de un soborno.
Por los hechos la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal pero ambos abogados se declararon inocentes.