Luego de la cinematográfica fuga de la excongresista Aida Merlano de un consultorio médico en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 8 años cuatro funcionarios del Inpec.
La medida cobija a la exsubdirectora de la cárcel El Buen Pastor, Katherine Lozano Forero y al entonces comandante de custodia y vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas; a la teniente en prisiones, Diana Cecilia Muñoz Miguez; y al dragoneante, Luis Alejandro Ballesteros Rincón, con suspensión de 3 meses.
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La procuraduría estableció que la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, mientras se desempeñaba como directora encargada, “aprobó los documentos judiciales para el traslado de la condenada a un consultorio médico en las fechas de 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019".
Así mismo, determinó que el comandante de custodia David Álvarez, mientras se encontraba en su periodo de vacaciones, suscribió la remisión médica de la excongresista, quien estaba privada de la libertad, al centro odontológico “Clínica de la Sabana” en Bogotá; “sin las medidas de seguridad necesarias para realizar los respectivos movimientos”.
La procuraduría también confirmó que la teniente, Diana Celicia Muñoz, entregó las boletas y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano para que asistiera a un procedimiento estético dental.
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Asimismo, el organismo de control ratificó que el dragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón permitió que la Aida Merlano tuviera "una interacción" con sus hijos Aida Victoria y Esteban, mientras permanencia en el centro médico, lo que lo posteriormente levo a que la excongresista huyera del lugar.
Para la Procuraduría los funcionarios del Inpec, vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia para el cumplimiento de sus deberes.