Después de 30 años, continúa en el limbo el crimen de Carlos Pizarro Leongómez

Hace 30 años, cerca del medio día del 26 de abril de 1990, los médicos confirmaron que no fue posible salvarle la vida al exjefe del M19 Carlos Pizarro Leongómez, de 38 años de edad, que para esa fecha era el candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 tras dejar las armas.

Pizarro fue asesinado en un vuelo a Barranquilla durante la campaña presidencial. Durante ese trayecto fue acribillado por el sicario paramilitar Gerardo Gutiérrez Uribe, alias ‘Jerry’, en presencia de su esquema oficial de protección, quienes dispararon contra el sicario y murió en el avión.

Después de 12 años de los hechos, fueron condenados los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño por su participación en el crimen, y en 2010 se declaró el homicidio como crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, hay piezas faltantes para conocer los responsables directos del asesinato. El proceso quedó en el limbo mientras la JEP decide su competencia para continuar con la investigación e identificar con los autores intelectuales.

En diálogo con BLU Radio, la representante María José Pizarro, hija del entonces candidato a la Presidencia, aseguró su familia estaba en el limbo “jurídico”.

"Nosotros estamos en un limbo jurídico’, la JEP no se ha manifestado en relación con si tiene competencia sobre el caso y esto nos dejan un panorama incierto", dijo.

"La persona que ya estaba ad portas de recibir condena, Jaime Ernesto Gómez, exagente del DAS, podría salir por vencimiento de términos si esta situación no se aclara con celeridad, y ahí nuevamente estaríamos ante un escenario de total impunidad", añadió la representante.

Así mismo, Pizarro explicó que la Corte Suprema también está dejando un escenario de impunidad frente al asesinato de su padre.

"La Corte Suprema de Justicia tampoco se ha pronunciado en relación con si acepta la compulsa de copias contra el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez. Es un escenario impunidad que me preocupa de manera particular porque estaba al frente del caso", dijo.

El abogado Juan Carlos Niño, coordinador de litigio nacional de la Comisión Colombiana de Juristas y representante del caso, precisó que en la compulsa de copias de Maza Márquez en 2015 "ni siquiera se ha asignado fiscal. Es decir, la investigación no se ha iniciado contra Miguel Maza Márquez".

"A pesar de que hay una sentencia contra los hermanos Castaño, la verdad profunda, las causas, los máximos responsables y los móviles que hubo detrás del caso no se conocen todavía", explicó el abogado niño.

Sobre el proceso de Jaime Ernesto Gómez, María José Pizarro expresó que "la Fiscalía tiene que determinar si a él se le mantuvo el sueldo casi un año después del estar detenido en la cárcel La Picota, lo cual sería una irregularidad”.

Es de mencionar que Gómez era agente del CTI cuando fue detenido.

Así mismo, la representante espera que la Fiscalía tome una resolución contra el director de Fiscalías que ordenó que se fundiera el arma con la que fue asesinado su padre.
“En un intento por descongestionar las bodegas fundió esta y otras armas que eran pruebas en casos declarados como crímenes de lesa humanidad", mencionó.

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"Como víctima y como hija de Carlos Pizarro, yo le hago la misma exigencia a la justicia colombiana, no importa la instancia, si es la Corte Suprema, si es la Fiscalía o si es la JEP, pero que haya justicia por fin", declaró.

En septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de Carlos Pizarro para su estudio de fondo. Se espera que la justicia internacional avance en la investigación y el homicidio sea declarado como un crimen de Estado.