La congresista Carolina Arbeláez señaló que la extorsión durante el 2024 en Colombia sigue en aumento con un 22 % en comparación del año 2023 y, a pesar de esto, los inhibidores de señal en ocho cárceles del país, incluyendo La Picota y La Tramacúa de Valledupar, están fuera de servicio. Esto, según ella, ha facilitado la extorsión desde los centros penitenciarios.
“El impacto es evidente. Bogotá es una de las ciudades donde más extorsiones denuncian, pues subió un 71 % en 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior, pasando de 1.138 a 1.942 casos. Localidades como Fontibón, Los Mártires, Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy; enfrentan incrementos preocupantes que pasan el 170 %, afectando comerciantes y ciudadanos", afirmó Arbeláez.
Añadió que "la falta de control dentro de las cárceles ha resultado en investigaciones y sanciones a 3.863 funcionarios y en la incautación de más de 6.300 equipos de comunicación solo en 2023”.
A lo anterior se le suma la baja ejecución presupuestal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en herramientas tecnológicas que, según dijo la representante, apenas alcanza un 0,12 %.
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“Sin inversión adecuada en tecnología para evitar las extorsiones desde las cárceles, el Gobierno carece de control real sobre este flagelo” añadió.
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