Por petición de las familias, y teniendo en cuenta lo que encontró la Defensoría del Pueblo durante su visita humanitaria a Haití para conocer las condiciones en las que estaban recluidos los exmilitares colombianos, la entidad le pidió a la CIDH y a la OEA que tomen medidas para proteger los derechos de los mercenarios que se encuentran en un centro penitenciario de Puerto Príncipe, investigados por la presunta participación en el asesinato del presidente de ese país Jovenel Moise.
En la carta dirigida a la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la Defensoría explica que “la verdad y la justicia en este proceso, no solo son vitales para la reconstrucción de la estabilidad y la democracia en Haití, sino para todo el continente. Por eso, además de que la protección de los detenidos implica una obligación de derechos humanos para ellos y sus familiares, de igual forma, dicha protección en un proceso de tal magnitud es una garantía al respeto al derecho a la verdad del pueblo haitiano y al derecho a la justicia de las víctimas”.
Y ante este panorama, la Defensoría pide acompañamiento en el seguimiento de la situación de los colombianos detenidos, que los 18 exmilitares sean recluidos en una celda de alta seguridad, una asistencia jurídica idónea que les permita ejercer su derecho a la defensa y que se solicite a las autoridades judiciales de Haití el control de la detención y del proceso.
La solicitud de la entidad se hace ya que los colombianos detenidos tendrían signos de maltrato físico y un mal estado de salud. Además, debido a la compleja situación social que está pasando Haití por este caso, los colombianos investigados estarían corriendo un alto riesgo en ese centro penitenciario.
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