La defensa de Álvaro Uribe pidió en una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa que se derogue la orden de la Corte Suprema de Justicia que el 4 de agosto ordenó la detención domiciliaria del expresidente, ahora que el caso pasó al ente acusador.
"Acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado", dice la comunicación dirigida por el abogado Jaime Granados.
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"La detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional, en un proceso que se debe regir por la ley 906 de 2004, siendo necesario, en garantía de los derechos del doctor Álvaro Uribe Vélez, corregir la actuación, ordenando su libertad", agregó la misiva.
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La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos fue consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.
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Tras dicho trámite, confirmado este martes por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, Granados argumentó que "si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal", como es el caso de Uribe, "no puede estar una persona privada de la libertad".
Uribe, contra quien la Corte ordenó de manera preventiva la detención domiciliaria, permanece en "El Ubérrimo", una vasta hacienda de su propiedad situada en el departamento de Córdoba.
Según Granados, Uribe "se presume inocente; recordemos que tiene una serie de garantías que el sistema penal acusatorio le da a él y a cualquier otra persona en su lugar y recordemos que hay que cumplir con la estructura básica del procedimiento", señaló el letrado.
El proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
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Cepeda anunció este martes que recusará al fiscal general Francisco Barbosa para llevar el caso y solicitará uno ad hoc porque considera probable un conflicto de intereses ya que Barbosa es amigo del presidente colombiano, Iván Duque, quien en varias ocasiones ha defendido públicamente a Uribe, y en su opinión eso no da garantías de un proceso transparente.
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Conozca el comunicado del abogado Jaime Granados:
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