En respuesta al comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, en el que se señala que la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova solicitó “inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad”, y que dicha pretensión fue rechazada por la “gravedad de los delitos” y la supuesta falta de evidencia objetiva, su abogado defensor, Oswaldo Medina Posada, salió al paso de las afirmaciones.
La Fiscalía informó que ha sostenido acercamientos con Ortiz Nova —exconsejera para las regiones del actual Gobierno— en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD . En el documento, se afirma que la colaboración ofrecida por la procesada se basa en “información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”.
Frente a esta versión, la defensa sostuvo que “En efecto, Sandra Ortiz ha tenido acercamientos, conversaciones e intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación”. Según el abogado, en dichos espacios se entregaron “datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podría iniciar investigaciones contra aforados”.
Pese a la negativa inicial del ente acusador, Medina Posada asegura que su defendida mantiene el compromiso con la justicia: “Sandra Ortiz sigue comprometida con el ente acusador y la Administración de Justicia , a pesar de sus temores frente a su seguridad y la de su familia”.
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El comunicado de la defensa subraya además que Ortiz “reitera su completa disposición en ayudar con el esclarecimiento de hechos que están siendo investigados, a partir de la relevante y precisa información que ha aportado. Por lo que, una vez más, espera que se tome una decisión frente a su solicitud de principio de oportunidad”.
Finalmente, el abogado pidió garantías: “Es primordial la garantía fundamental de sus derechos fundamentales, procesales y el respeto por su vida”.
Sandra Ortiz fue imputada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos, y está próxima a ser acusada formalmente. La entidad también precisó que los términos de los acercamientos con la exfuncionaria podrían ser revelados por ella misma, “lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”.
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