Corte Suprema ya tiene audios completos de conversación entre Pulgar y exjuez

En poder de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría se encuentran ya las grabaciones completas y originales realizadas por el exjuez Andrés Rodríguez Cáez, quien se las entregó al magistrado Marco Antonio Rueda y a los delegados del ente de control que llegaron a Barranquilla esta semana para investigar el supuesto soborno que le habría ofrecido el senador de la U, Eduardo Pulgar, para favorecer al empresario Luis Fernando Acosta Osío en un fallo por el control de la Universidad Metropolitana de esta ciudad.

La revisión de los audios completos es de gran importancia dentro de la investigación contra el senador para establecer el contexto de los hechos.

Incluso, fue solicitada por el empresario Acosta Osío en un comunicado en el que aseguró que "cuando se escuchen dichas grabaciones, sin cortes, manipulaciones o ediciones, la justicia y la opinión pública conocerán la verdad".

La disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana también tiene bajo la lupa, desde hace meses y por otros hechos, a dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Mola Capera y Demóstenes Camargo, al igual que a funcionarios de la rama judicial en la ciudad y la Fiscalía.

Y es que en los últimos cinco años, 11 jueces y fiscales han intervenido directamente, a través de 20 providencias, en las que se ha decidido el nombramiento de Alberto Enrique Acosta Pérez, Juan José Acosta Osío y Carlos Jaller Raad en la rectoría,

de manera alterna y generando inestabilidad en la institución.

Vea aquí: Senador Pulgar declara ante la Corte Suprema de Justicia por supuesto soborno a juez

El escándalo de los audios salpica a otro miembro de las casas políticas tradicionales de Barranquilla, el empresario y contratista del Estado David Name Terán, en cuya oficina se habrían reunido también Luis Fernando Acosta y el exjuez Rodríguez.

Según Acosta, en esa charla el entonces juez de Usiacurí (Atlántico) le pidió que retirara una tutela con la que pretendían impedirle su actuación en el proceso de la Unimetro, ya que él no quería ser juez de casos de abigeato y causas menores.