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Corte Suprema mantiene condena a exparamilitares por desplazamiento en Las Pavas, Bolívar, en 2003

La Corte Suprema mantendrá la condena de 10 años de cárcel contra el exintegrante de las AUC Mármol Montero, y de siete años contra Sierra Mayo, por desplazamiento forzado en Bolívar.

Corte Suprema // Foto: Corte Suprema
Corte Suprema.
Foto: Corte Suprema

La sala de casación penal dela Corte Suprema mantuvo las condenas de Gustavo de Jesús Sierra Mayo y Mario Mármol Montero por el desplazamiento forzado, en 2003, de varias familias campesinas que llegaron a vivir en la hacienda Las Pavas, ubicada en los municipios de El Peñón y San Martín de Loba, del departamento del Bolívar, terreno que había sido abandonado años atrás por su propietario.

Luego de resolver una impugnación, la Corte Suprema confirmó la sentencia emitida en febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Cartagena; es decir, sigue en firme la condena de 10 años de prisión contra el exintegrante de las AUC Mármol Montero, por concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado.

Asimismo, la Corte Suprema modificó la sanción impuesta contra Sierra Mayo, quien en la época en que sucedieron estos hechos representaba al dueño de la propiedad como administrador de la hacienda Las Pavas, dejando su pena en siete años y medio de prisión como responsable del delito de desplazamiento forzado.

La historia de Las Pavas, Bolívar: desplazamiento y amenazas

Este terreno fue adquirido en 1983 por Jesús Emilio Escobar Fernández, quien abandonó esas tierras en los años 90. En 1993 varias familias del corregimiento Buenos Aires comenzaron a ocupar la hacienda y a realizar su explotación agrícola sembrando maíz, yuca, caña, frijol, arroz y plátano, conformando en 1998 la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) para comercializar sus productos.

En 2003, Gustavo de Jesús Sierra, administrador de la propiedad, con paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC, entre ellos, Mario Mármol Montero, reunieron en un colegio a las familias ocupantes de Las Pavas y les advirtieron que no podían trabajar más en la finca porque tenía dueño, además de amenazarlos para forzarlas a dejar sus cultivos y desalojar los terrenos.

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En 2006, tras la desmovilización de los paramilitares varias familias retornaron a la finca, ante lo cual Jesús Emilio Escobar Fernández, acompañado de hombres armados, volvió a desplazarles forzosamente bajo amenazas.

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