La Corte Suprema de Justicia vinculó a la representante a la Cámara del Partido Conservador María Cristina Soto de Gómez a una investigación por su presunta participación en un caso de corrupción electoral, que se habría dado para que Soto llegara al Congreso.
La investigación se adelanta por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal.
El caso
Los hechos se habrían presentado días antes de las elecciones legislativas en el año 2018, en las cuales Soto fue electa como representante a la Cámara por La Guajira.
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Según la investigación, desde la campaña de la congresista se habría reclutado a diferentes personas, que eran llamados líderes, con el fin de que compraran votos en el municipio de Maicao. Las personas que fueron reclutadas habrían repartido dinero, entre 20.000 y 50.000 pesos, a cambio de votos; pero, además, se habrían organizado en los puntos de votación para verificar que efectivamente votaran por Soto. Asimismo, se habrían encargado del transporte de las personas a los puntos.
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La investigación
En el año 2018, la Fiscalía remitió un expediente con dicha denuncia a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento se ordenaron algunas interceptaciones telefónicas, en las cuales habría quedado en evidencia la manera como operaba esta red de compra de votos.
Entre los reclutadores de los líderes estaría Simón López Martínez, Ades Alberto Aramandis Gómez y Joel Blanchar Plata, quienes, presuntamente, buscaron a personas que decidieran inscribirse en puntos de votación específicos y realizar su voto por Soto. Algunos de estos reclutadores reconocieron ante la Corte su participación en la compra de votos.
La Corte también habría hecho interceptaciones en las cuales quedaría en evidencia la relación de Soto con algunos de los coordinadores.