Este martes, el juez 30 del circuito de Bogotá decidió enviar a la Corte Suprema de Justicia, puntualmente la sala plena, la competencia para decidir bajo qué ley se investigará al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Podrá ser bajo la ley 600 por la cual estaba haciendo investigado en la corte por presunta manipulación de testigos hasta que renunció, o bajo la ley 906 que es del sistema penal acusatorio.
La parte civil en la que está el senador Iván Cepeda pedía que el proceso continuara como venía en la corte, mientras que el fiscal Gabriel Jaimes, la defensa de Uribe y la Procuraduría, creían que este debía continuarse por el sistema penal acusatorio.
La juez evalúo si, tras no tener el fuero constitucional, Uribe tenía que seguir su proceso en el régimen procesal con el que inició en la corte o si se tenía que aplicar la regla general, es decir la ley 906 por ser el que aplica para la fecha de los hechos supuestamente cometidos por el expresidente.
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La tesis es que cualquier delito cometido con posterioridad al 1 de enero de 2005, que es cuando entró en vigor el sistema penal acusatorio, debe ser tramitado por la ley 906 de 2004, excepto los casos de aforados constitucionales.
Para la juez, los hechos por los que es investigado Uribe sucedieron en el 2018 por lo cual el proceso se tiene que llevar por la ley 906, o sea sistema penal acusatorio.
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Considera que si tiene la competencia para decidir la solicitud sobre la libertad del expresidente Uribe, pero envió el caso a manos de la sala plena de la corte, compuesta por 23 magistrados, para que estudie esta postura.
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