La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la acusación contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa , por su presunta participación en el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos, y peculado derivado de presunta corrupción en la construcción de la troncal La Paz entre 2004 y 2005, cuando se desempeñó en su primer mandato como mandatario del departamento.
La Corte negó la solicitud de revocar la medida de aseguramiento solicitada por su defensa y mantuvo la medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
La defensa argumentó que había pruebas nuevas que permitían desvirtuar la medida de aseguramiento y que el proceso penal que se adelanta contra el gobernador no se rige por el sistema anterior (Ley 600), sino por el actual (Ley 906). Así mismo, la Fiscalía no tuvo en cuenta que la delegación que hizo el gobernador, fue la misma que hizo en alrededor de ocho mil contratos firmados durante esa administración entre 2004 y 2007, entre otros aspectos, tales como la posible no comparecencia al proceso.
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La Corte analizó la petición y negó la libertad basada, entre otros aspectos, que no se cumplen los requisitos ni es la oportunidad para solicitar una revisión de pruebas.
“La razón de ser de la revocatoria de la medida de aseguramiento no es hacer un reexamen de lo que obraba al momento de su imposición, como si se tratara de una impugnación, sino que debe exhibirse algún medio demostrativo nuevo e idóneo con suficiencia para derruir los criterios que soportaron la necesidad de la medida o denotar la ausencia de finalidad constitucional que llevó a imponerla”, sostuvo la Corte.
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De esta manera, la Corte deja en firme la acusación que hizo un fiscal delegado por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la troncal La Paz, entre La Cruzada- Caucasia, cuyo costo superó los $41.000 millones de pesos en el año 2005.