Corte Suprema confirma la condena por parapolítica contra Luis Alfredo Ramos

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 7 años y 11 meses de prisión contra el excongresista y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, como autor del delito de concierto para delinquir agravado con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

En segunda instancia, la Sala de Casación Penal confirmó que Ramos Botero es responsable de haberse aliado con grupos de las autodefensas, para que incidieran a favor de sus campañas al Senado de la República (2002- 2006) y la Gobernación de Antioquia (2008-2011).

La Corte Suprema también ratificó que, en desarrollo de ese acuerdo ilegal, el entones senador se reunió en 2005 con jefes paramilitares en orden de promover sus intereses en el proyecto de ley de Justicia y Paz que cursaba en el Congreso.

“De este vínculo o nexo entre diversos grupos armados al margen de la ley aglutinados como paramilitares y Luis Alfredo Ramos Botero obran profusos testimonios, a través de los cuales se logró conocer que en forma directa o indirecta se produjeron apoyos personales o a sus campañas políticas, por ser considerado a fin a su causa en el propósito que los hizo incidentes en la realidad y dinámica de nuestras instituciones, con particular ámbito de afectación en el Departamento de Antioquia y su capital”, señala la sentencia de 154 páginas.

Para la Corte, quedó probado que Ramos Botero se concertó con miembros de una asociación delictiva paramilitar, no solo para promover su existencia, sino para aprovecharse de los apoyos que en diverso sentido les servían a sus aspiraciones electorales al Senado y a la Gobernación de Antioquia.

"Todo lo cual quedó al descubierto con las diversas reuniones y apoyos económicos y electorales de que ha dado cuenta profusa prueba destacada y que culminaron en la finca Bellanita, so pretexto de incidir en el trámite de una ley que indudablemente buscaba favorecer al grupo armado, al darle la posibilidad de obtener un estatus político”, se lee en el documento.

Además, dice el alto tribunal que no se trató en este proceso cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado, que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales, lo cual, sí connota una situación objetiva de peligro demostrada, como ya se dijo, a través de los diversos contactos examinados, especialmente durante los años 2001 a 2007.

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