La Corte Constitucional le ordenó al Inpec rediseñar en seis meses un programa de resocialización y de trabajo para que los privados de la libertad condenados tengan acceso a esas posibilidades y garanticen remuneración para ayudar al sostenimiento de la familia.
El magistrado Jorge Ibañez aseguró: "Hay muchos casos de privados que lastimosamente no tienen la posibilidad de acceder al trabajo como mecanismo de resocialización".
Frente a esta petición de la Corte Constitucional, el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, explicó: "Estamos tratando de que haya una mayor productividad en los centros penitenciarios (...) Hemos buscado hacer un esquema de 20 centros penitenciarios para reconvertirlos en lugares de productividad; estamos buscando suplir los déficit que hay de mano de obra textil en el país".
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