Corte respalda sanciones de Procuraduría a Eduardo Merlano y Juan Carlos Abadía

La Corte Constitucional afirmó que la Procuraduría actuó dentro del marco constitucional y legal, con decisiones basadas en el Código Disciplinario Único, que le otorga poder preferente a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios públicos por faltas disciplinarias.

“La Corte Constitucional encontró que la anulación de las sanciones disciplinarias por parte del Consejo de Estado desconoció que, en el momento en que la Procuraduría ejerció sus competencias, lo hizo amparada por el marco constitucional y legal, así como por las decisiones con efectos de cosa juzgada que validaron su atribución para disciplinar a los servidores públicos de elección popular e imponer las sanciones mencionadas, al amparo de la Ley 734 de 2002”, indicó esa corporación.

Agrega el alto tribunal constitucional que los casos de Abadía y Merlano son anteriores a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.

Esta sentencia es la que protege los derechos políticos sobre sanciones administrativas como las que impone la Procuraduría, y fueron armonizadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 2023.

“La Sala Plena también recordó que, con posterioridad a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia, la Corte Constitucional armonizó la protección de los derechos políticos con los principios constitucionales que guían la función pública y la institucionalidad prevista en la Constitución en la Sentencia C-030 de 2023, sobre la cual recae el efecto de cosa juzgada y, por lo tanto, debe ser cumplida por todas las autoridades”, señaló la Corte.

Recordemos que el exsenador Eduardo Merlano fue destituido e inhabilitado por un periodo de 10 años por protagonizar un escándalo al rehusarse a una prueba de alcoholemia, argumentando su posición de senador.

Por su parte, el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fue destituido por la Procuraduría por participación en política y fue inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos.

Ambos demandaron estas decisiones ante el Consejo de Estado, que levantó las sanciones, pero anoche la Corte Constitucional ordenó a ese tribunal emitir una nueva resolución en cada uno de los casos para decidir sobre los cargos de nulidad interpuestos por la Procuraduría.