El alto tribunal concluyó que el concepto sobre el impacto fiscal que va a crear la financiación anual de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca, fue estudiado y deliberado por el Congreso de la República.
Por eso, determinó la Corte Constitucional que los congresistas cumplieron con la obligación de analizar la incidencia de ese gasto en las finanzas públicas y declaró la exequibilidad de esa norma.
Hay que recordar que la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca es una entidad de integración que promueve el diseño de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de 10 millones de personas que habitan en dicha región.
El control político de las decisiones tomadas sobre esa región deberán ser analizadas por el Concejo Distrital, el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental.
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