La Corte Constitucional admitió el estudio de la demanda presentada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que pide revisar la ley de la paz total y la figura de negociadores y voceros de paz.
Entre los argumentos principales presentados por el representante, está que dicha ley habría incurrido en vicios de forma porque no tuvo en cuenta el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal ni fue sometida a discusión ni votación en la mesa directiva de la Cámara de Representantes.
Además, dice Uscátegui, que se estaría vulnerando la separación de poderes y desconoce los derechos de las víctimas como el de la verdad, reparación y su protección judicial.
Tras verificar que estos cargos cumplían con los requisitos, el magistrado Antonio José Lizarazo admitió el estudio de la demanda, notificó oficialmente de la decisión a los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, así como a la Presidencia del Congreso y les dio un plazo de 10 días para que expongan sus razones y defiendas las justificaciones de la ley en cuestión.
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Además, trasladó el proceso a la procuradora General para que en un periodo de 30 días rinda el concepto desde su competencia.
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